Acabar de inmediato con el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, exigió la Defensoría del Pueblo de Colombia al denominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras conocerse el homicidio de cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui, luego de que estos desertaron de las filas de un grupo armado ilegal en el municipio de Solano (Caquetá).
A través de un comunicado, el Defensor, Carlos Camargo, pidió a las disidencias de las FARC que muestren verdaderos gestos de paz y que cesen las acciones contra la población civil, especialmente contra los niños y adolescentes.
“Necesitamos un compromiso real de paz por parte de todos los grupos armados ilegales, de manera especial a las disidencias de las Farc, ante el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de suspender el cese el fuego con el EMC en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, y de conminar a esa organización a iniciar la fase de diálogos para establecer el cese de hostilidades con enfoque territorial”, dijo Camargo.
Desde el inicio del año, el denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc habría cometido no menos de medio centenar de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), acciones violentas que «dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz».
«Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del Gobierno Nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, sostuvo el Defensor.
Desde el 31 de diciembre de 2022, fecha en la cual el Gobierno Nacional decretó el cese al fuego entre la fuerza pública y cuatro grupos armados, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado 90 acciones violentas por parte de dichos grupos, de las cuales 20 obedecerían a enfrentamientos armados entre alguno de los grupos armados objeto del Decreto y 70, a acciones violentas en contra de la población civil.
La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por las mencionadas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, así como por la falta de transparencia en el establecimiento de los protocolos del cese el fuego, la paulatina suspensión de los Decretos pone en evidencia la inestabilidad de los procesos de negociación iniciados y con ello, el riesgo inminente del recrudecimiento de la violencia en el país.
“Desde la Defensoría del Pueblo les exigimos a los grupos armados hechos concretos, actuaciones inmediatas y no más dilaciones para iniciar los diálogos con el Gobierno Nacional. Los grupos armados ilegales deben entender que la paciencia de la sociedad y del Estado tiene límites y que no pueden desaprovechar la oportunidad histórica que ofrece el Gobierno para dialogar sobre la ruta para dejar las armas y construir un país sin violencia y con mayor desarrollo social y económico”, señaló el jefe de la Defensoría del Pueblo.
