Las polémicas restricciones de tránsito en moto, bien por género o franjas horarias, han sido ineficaces para disminuir los hurtos, robos y asesinatos en Colombia, a pesar de que una gran parte de la ciudadanía tenga la percepción de que estas medidas aumentan los niveles de seguridad.
La disposición, que en el pasado fue implementada en al menos 25 ciudades de Colombia, ha sido tema de intensos debates en las últimas semanas, cuando en Bogotá y Bucaramanga, ante la presión de la opinión pública, se ha considerado tomarla de manera severa.
De acuerdo con la percepción de una parte de la ciudadanía, expresada en diversos programas de radio y en conversaciones en las calles, la mayor parte de los delitos se estarían cometiendo en motos y serían ejecutados por migrantes venezolanos. Sin embargo, esa idea preconcebida choca con la realidad mostrada por las estadísticas oficiales, que demuestran que en hechos delictivos, la población migrante realmente tiene una participación menor al 4%, según datos ofrecidos por Migración Colombia.
Esa concepción de la realidad ha llevado a que algunas personas, entre los que se encuentran líderes sociales y de opinión, desarrollen una narrativa argumentando la necesidad y urgencia de restringir el tránsito de ese tipo de vehículos, soslayando los derechos ciudadanos que resultarían afectados y la estigmatización a la que sería sometido un grupo de la población sólo por su origen y/o condición socioeconómica.
Una medida que, de acuerdo con los expertos, además de generar pérdidas para los ciudadanos y el Estado, también se convertiría en un factor que evita o retarda la adopción de disposiciones que sí permitan enfrentar efectiva y eficientemente el problema de la inseguridad.
Política pública fracasada
La poca efectividad de las restricciones de tránsito de moto para frenar a la delincuencia fue demostrada la semana pasada en una investigación realizada del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes (Uniandes), en la que analizaron el impacto que han tenido 6 de las medidas, en sus tres modalidades.
Bajo el título «Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia«, los investigadores Eduard Martínez y Michael Weintraub, ambos del CESED, junto a Leonardo Bonilla-Mejía, investigador del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (GAMLA) del Banco de la República, pusieron la lupa en qué ha pasado con las medidas implementadas en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Neiva y Soledad.
Para este estudio, clasificaron los tipos de delitos en cinco categorías (homicidios y lesiones personales, contra la propiedad, hurto a personas, desde una motocicleta y agresor a pie), más el total de infracciones y crímenes, data que obtuvieron del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional de Colombia.
En este nuevo estudio profundizaron en los casos más recientes, lo que les permitió ampliar la investigación que realizaron en 2020 para el CESED y el Centro de Estudio sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Uniandes, en la que ya alertaban de la falta de evidencia rigurosa que demostrara la efectividad de la medida, a pesar de su gran popularidad.
Copia de Diseño sin nombrede Carola Briceño
Dos años después y mientras parte de la ciudadanía y algunos políticos insisten en imponer este tipo de normas, los investigadores han llegado a clarísimas conclusiones: «las restricciones de motocicletas no reducen sustancialmente el crimen en Colombia.»
Estos criterios también son compartidos por destacados expertos en criminología, como Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá (cargo que ha ocupado dos veces y que le ha válido casi una década de experiencia), quien asegura que las restricciones de esta naturaleza definitivamente son «un error».
«Están los estudios que muestran que la restricción a los pasajeros, parrilleros compañeros de moto, no sirven para reducir la violencia en el país, en eso nos debemos sustentar», expone y sostiene su argumento con cifras a las que le ha hecho seguimiento durante los últimos años: «La proporción de delitos cometidos por el parrillero es baja, 16-17% de las personas que se movilizan en moto».
De la totalidad de las faltas, 5-6% eran cometidas por conductor y parrillero.
Estos índices revelan que el problema de la inseguridad no se centraría en este tipo de delitos, aunque en la opinión pública es la versión que predomina.
«La experiencia me mostró que no era una medida efectiva, que no había los resultados que se pretendía, que lo que se hacía con ello era criminalizar a los motociclistas, que en su gran proporción, más del 99% de quienes usan la moto como medio de transporte para movilizarse, es gente honrada, trabajadora, que no son delincuentes», alerta.
Para el experto en seguridad ciudadana, con esta disposición se ha generalizado y señalado, sin intención, a la población que usa moto. Eso les está estigmatizando.
Una generalización injusta
Acero, en conversación con enfrontera.1eye.us, también usó las estadísticas para explicar que los migrantes venezolanos no son la mayoría de los perpetradores de estos hechos, ni tampoco son la mayor parte de los que se movilizan en motos.
En el caso de Bogotá, donde hay cerca de 400 mil migrantes, realmente menos de 2% han participado en acciones delictivas.
Con ese número sería completamente injusto y no ajustado a la realidad, responsabilizar a la población migrante de todos los hechos violentos y criminales que ocurren en el país.
Estas cifras están cercanas a las que fueron ofrecidas por el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en marzo de 2021, cuando informó que en Colombia los migrantes venezolanos sólo han estado involucrados en 2% de los crímenes cometidos en el país.
En ciudades como Bucaramanga, donde ha sido intensa la petición ciudadana desde emisoras radiales para que se adopten las restricciones en la circulación de motos y se emprendan «cacería» (contra venezolanos) para propinarles «paloterapia», las propias autoridades han reportado que los migrantes venezolanos representan una baja cifra en el total de los actos delictivos.
“Realmente es baja la participación de los venezolanos en el área metropolitana, si hablamos de homicidios del 100% se ha presentado una participación del 4%, en lo que tiene que ver con lesiones personales tenemos una participación igualmente del 4%, consolidado de todos los hurtos no alcanza la participación de un 2% con respecto a la totalidad”, precisó en 2021 el general Javier Martín Gámez, comandante de la Policía de Bucaramanga.
De 100% de los capturados en diferentes hechos delincuenciales, igualmente aproximadamente 10% serían venezolanos, mientras que 90% son colombianos.
En el delito que tienen mayor participación sería en los hurtos, con 12%, mientras que delincuentes nacionales cometen el 88% de los actos irregulares.
Una medida de schok para frenar el problema
En defensa de la disposición que desde el 18 de abril comenzará a regir en Bogotá y que restringirá hasta el 30 de junio el tránsito en moto con parrillero hombre los fines de semana, la concejal Lucia Bastidas Ubaté argumenta que la decisión ha sido necesaria por el alza en los hurtos que se habría registrado en la capital colombiana.
Aunque fue promotora de la medida, reconoce que no podrá sostenerse indefinidamente y que debe usarse como una acción de impacto, acompañada de otras estrategias de seguridad que sí puedan prolongarse.
Deja claro que la norma no es contra los migrantes venezolanos, pues siempre ha sido defensora de esta población, especialmente de quienes se centran en que su proceso de integración sea positivo, ajustándose a las normas del país de acogida.
«No hay ninguna medida mágica ni que solucione los problemas de seguridad grave que tenemos en la ciudad, sin embargo, los delitos de fleteo, hurtos a mano armada y homicidios aumentaron con parrillero en moto, por eso la medida la venía pidiendo desde el año pasado. Esta está dentro de una serie de medidas tomadas que son necesarias y no son contra los migrantes venezolanos, sino contra los delincuentes, bien sean colombianos, venezolanos, españoles, estadounidenses, que sin importar su nacionalidad son delincuentes y deben ser tratados como tal», explica.
Asegura que en Bogotá hay un problema de inseguridad que debe detenerse antes de que la situación se salga de control y recurre también a cifras que maneja de la zona: «La mitad de los homicidios son con parrillero en moto, los fleteos con mano armada también. Entre 11 y 13% aumentaron los delitos de robo a mano armada y fleteo».
Entre los números señalados por la concejal Bastidas está el caso difundido justo este miércoles 13 de abril por medios de comunicación colombianos sobre el asesinato de un joven de 22 años en medio de un asalto en la localidad de Kennedy.
De acuerdo con Noticias Caracol, varios delincuentes llegaron a asaltar a un grupo de jóvenes que departían en la zona, pero al intentar quitarle a Julián David Gutiérrez, las llaves de su moto, el joven se negó y salió corriendo para resguardarse. Los criminales le dispararon y él falleció víctima de la delincuencia.
Los medios locales también reseñan que a diario en Bogotá unas 550 personas son víctimas de hurtos.
Bastidas precisa que en la ciudad, además de la restricción a las motos, estarán desplegados 120 policías en labores de inteligencia militar y de civil, en localidades como Simón Bolívar. Asimismo, estarán funcionarios controlando zonas de comercio y haciendo control de identidad ciudadana en diversos sectores.
La disposición tomada también será propicia para que se haga un control de quiénes están en motos y dónde están. En Bogotá habría un registro de 514.000 motos, pero esa cifra hay que revisarla con minuciosidad, pues desde la pandemia, según la cabildante, «pareciera que hay más».
Gracias a la voluntad y comprensión de los motociclistas, concertamos lineamientos para su tránsito, vigentes desde el próximo 21 de abril.
— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) April 8, 2022
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«Es importante que se tenga la medida y se evalúe que va a pasar más adelante. Igual que es necesario hacer los censos y controles para poder desarrollar nuevas herramientas y estrategias» para adelantarse a los cambios que hagan los delincuentes.
A pesar de los datos de la investigación de Uniandes, la concejal no se desanima con la polémica disposición, debido a que cree que es una acción momentánea que tiene un objetivo claro y que va acompañada de otras acciones de los organismos de seguridad.
Bastidas estima, asimismo, que en este momento es necesario que todos los ciudadanos también aporten un poco a la seguridad, porque los homicidios habrían aumentado 50%. «Hacer el sacrificio por un tiempo, mientras frenamos estos hechos».
Fake News que estigmatizan a los migrantes y agravan el problema para todos
Aunque la mayor parte de los delitos en Colombia no serían perpetrados desde las motos, esa idea se ha generalizado entre los ciudadanos por diversos factores. Uno de ellos tiene que ver con un grave problema que se registra desde hace algunos años y que se viene incrementado: la viralización de noticias falsas y rumores.
Muchas de estas versiones inventadas o manipuladas son difundidas en redes sociales y compartidas por los ciudadanos que creen en esa especie. Así que hechos que no ocurrieron de la forma en la que son contadas, pasan a convertirse en realidades para la gente que lo ha leído y compartido en sus redes sociales.
Pero lo más delicado y preocupante no es que esas versiones aparezcan en redes solamente, sino que algunas son difundidas por medios de comunicación locales que no han hecho el trabajo de verificar la historia o deciden poner que la fuente es otro medio y así se lavan las manos sobre la veracidad de la información, pues el responsable debería ser la fuente original de donde fue tomada.
Ese tipo de versiones están generalmente relacionadas con historias de delitos y migrantes venezolanos, y han terminado causando conmoción entre la población colombiana y despertando emociones negativas contra los migrantes.
Historias falsas o dudosas que afectan a quienes llegaron a Colombia -tal como hace unas décadas, varios millones de colombianos llegaron a Venezuela- buscando una oportunidad para trabajar y salir adelante.
Una de esas historias de dudosa veracidad fue puesta en evidencia en enero pasado por el portal Colombia Check, especializado en verificación de información.
En esa ocasión, en varios portales y en redes sociales de Bucaramanga, se reseñó una noticia sobre una supuesta vocera de los migrantes venezolanos, quien habría ofrecido al portal Avispero Bucaramanga unas declaraciones en las que confesaba que los venezolanos tenían que “robar para llevar buen dinero” a su país, porque el gobierno colombiano no les habría dado una serie de subsidios.
El post con la absurda versión, que despertaba el rechazo de cualquiera que lo leyera, se viralizó en el departamento de Santander, pero Colombia Check descubrió que, al menos con ese nombre, no se encontraba en ninguna red social la presunta vocera que citó Avispero Bucaramanga.
El medio de comunicación bumangués, que suele tener noticias amarillistas similares a las que hubo en la llamada «prensa chicha» promovida en la era de Fujimori en Perú para mantener distraída a la población más humilde con noticias de crímenes y farándula, no respondió a las llamadas realizadas por Colombia Check para conocer de cuál organización era la supuesta vocera venezolana citada por el referido portal.
Tras todo el proceso riguroso de comprobación, Colombia Chek concluyó que era «falsa la información del post que busca relacionar a la población migrante venezolana con el aumento de atracos en la capital de Santander».
Ese es solo uno de decenas de casos que se han registrado en redes sociales con el mismo corte y que terminan despertando emociones negativas contra la población migrante, así como contra los conductores de motocicletas.
Justamente esa es una de las regiones de Colombia donde más se ha estado pidiendo la medida de restricción de tránsito en motos, porque ello supuestamente permitiría recuperar la seguridad que estaría alterando sólo los migrantes venezolanos. Una versión que no tiene sustento ni en cifras ni en otros elementos reales.
